Boletín electrónico de la
Unión Sindical de Trabajadores
Núm. 1, mayo de 2004


Carta de las Hermandades Obreras de Acción Católica publicada en El País

Precariedad y explotación

Callar ante estas y otras muchas situaciones en las que no prevalece la dignidad de la persona por encima de la ley, del dinero y del poder es más que una forma de complicidad.

En la España de hoy, la dignidad de muchas personas es vulnerada en múltiples ocasiones y en diferentes ámbitos de la vida: familiar, afectivo, educativo, político, social... Y, de una forma especial, en el universo laboral. Como miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) denunciamos la disminución de los derechos laborales, así como el mantenimiento de situaciones de precariedad e, incluso, de abierta explotación.

Por ejemplo, conocemos casos como el de la trabajadora sin papeles que muere en su puesto de trabajo y cuyo cuerpo se manipula y se saca fuera de la fábrica para evitar responsabilidades penales. O el de la empresa que mantiene a toda su plantilla con contratos temporales. O el desgraciadamente habitual del obrero de la construcción que cae a la zanja, del andamio o por el hueco del ascensor por no disponer de medidas de seguridad.

Callar ante estas y otras muchas situaciones en las que no prevalece la dignidad de la persona por encima de la ley, del dinero y del poder es más que una forma de complicidad. Es una traición a los deberes cívicos y un pecado que, como ciudadanos y como cristianos, no podemos cometer.

Porque los beneficios de unos cuantos se sustentan en la falta de reconocimiento y de respeto de los derechos de muchos. La persona se supedita a la ganancia y, por lo tanto, a la degradación de su propia dignidad.

Desde nuestra fe y nuestra militancia obrera pedimos que la buena marcha de la sociedad no se mida por los beneficios empresariales y los superávit de las cuentas anuales del Estado, sino por el respeto de la dignidad de las personas. Porque toda persona es sujeto de derechos y deberes. Toda persona es hija de Dios.

José Fernando Almazán, presidente de la HOAC de Madrid, y 45 firmas más


Según el Gobierno, el ritmo de inmigración se ajustará a las ofertas de empleo

El Gobierno aprobará en breve un reglamento en el que desarrolla la Ley de Extranjería con el fin de conectar la oferta con la demanda de inmigración. El objetivo fundamental es que los instrumentos de regularización de trabajadores extranjeros ya existentes resulten más eficaces. La inmigración se ha convertido en uno de los grandes retos del mercado laboral español. En primer lugar, es necesaria una adecuación de las demandas empresariales con los flujos de inmigrantes. Para ello, el Gobierno aprobará en breve un reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería de 2000 con el fin de conectar la oferta con la demanda. El objetivo es hacer más eficaces los instrumentos existentes de regularización de trabajadores extranjeros.
En segundo lugar, es urgente poner en orden las cifras para aplicar las medidas adecuadas en la dirección correcta. Los diferentes procesos y el gran número de extranjeros sin regularizar hacen difícil saber su número exacto.

Estadística imposible

El padrón municipal, tal vez la estadística que mejor refleja la realidad, constata que a principios de 2003 había 2,7 millones de inmigrantes empadronados. Mientras, el censo de población del INE registra apenas 1.300.000 en 2001.

Las estadísticas que nos pueden acercar a sus condiciones laborales muestran que a finales de 2003 había 590.000 ocupados y que los afiliados a la Seguridad Social superaban los 800.000 —un millón según datos del 2004 de La Caixa—.

El tercer gran problema tiene que ver con el actual modelo productivo y la precaria situación de la población inmigrante en el mercado laboral.

Por las demandas del mercado, los trabajadores inmigrantes se ven abocados a la temporalidad y registran elevados niveles de rotación entre el empleo, el paro y la inactividad, sobre todo entre jóvenes y mujeres.

Una buena parte, por las circunstancias, acaban trabajando en la economía sumergida, cobrando los salarios más bajos y en las peores condiciones.

Estos son algunos de los problemas que ha destacado el Consejo Económico y Social en un análisis sobre la situación que ocupa 150 páginas y en el que se detallan algunas de sus recetas.


El anuncio de la privatización de parte de TVE subleva a los sindicatos

Las declaraciones del Secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la posibilidad de privatizar parte del ente público Radiotelevisión Española (RTVE), puso ayer en guardia a los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) cuyos directivos calificaron tales manifestaciones como una "declaración de guerra". También provocó diversas reacciones entre dirigentes del Gobierno, del PSOE y otras formaciones políticas.

Las conflictivas declaraciones se publicaron el día en el que la vicepresidenta anunciaba en el Parlamento que esta misma semana comenzará sus trabajos el Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad Estatal. En su primera comparecencia en el Congreso, Fernández de la Vega esgrimió como uno de los primeros activos la creación del citado consejo "independiente a cuyos integrantes únicamente les hemos indicado que este Gobierno quiere para España unos medios de comunicación públicos, libres, plurales y de calidad".

CiU e Izquierda Unida pidieron más información a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sobre las últimas declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en las que admite la posibilidad de privatizar parte de la televisión pública. Jordi Xuclá Costa, de CiU, dio a entender que su grupo no se oponía a la posibilidad de privatizar alguna cadena.

"Estamos de acuerdo con el Gobierno cuando dice que la televisión pública cumple una finalidad social; ¿pero ésto conlleva el que existan uno o dos canales?", dijo Xuclá Costa. Gaspar Llamazares vió contradicciones entre Fernández de la Vega y Fernández Ordóñez. "Si se anuncian privatizaciones se introducen una serie de ruidos entre los trabajadores de RTVE y entre los grupos parlamentarios". En este sentido el dirigente de IU pidió a Fernández de la Vega una aclaración que se hizo esperar por parte de la vicepresidenta del Gobierno.

Ni que decir tiene, que la UST es tajantemente contraria a toda privatización de los medios de comunicación públicos. Más aún, exige la intervención estatal en los consorcios de la comunicación privados.


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